Derecho de la Energía: generación distribuida, contratos y regulación en Brasil

La generación distribuida, en especial la de energía solar, permite que consumidores y emprendedores produzcan energía cerca del punto de consumo y la compensen en la factura de electricidad. En Brasil, está regulada por la Ley n.º 14.300/2022 (en portugués), con modificaciones posteriores, y por normas de la ANEEL, que tratan de modalidades como autoconsumo local, autoconsumo remoto y generación compartida, además de las reglas de compensación. En los proyectos de plantas fotovoltaicas, suelen exigir análisis:

• la modalidad y el encuadre regulatorio;
• la compra o el arrendamiento del terreno;
• los contratos de instalación (EPC) y de operación y mantenimiento;
• las garantías y la división de riesgos entre las partes;
• el licenciamiento ambiental y el registro o la autorización de la planta, según la potencia.

El estudio presta asesoría jurídica. El proyecto, la instalación y la operación de plantas son servicios de ingeniería, que no forman parte de nuestra actuación.

Para conectar una planta a la red, el acceso a la red de la distribuidora sigue procedimientos definidos por la regulación, como los Procedimientos de Distribución (Prodist), con etapas de solicitud, análisis, dictamen de acceso y contratos. Dificultades frecuentes:

• demora o negativa de la distribuidora en el análisis de la solicitud;
• exigencia de obras o de refuerzo de la red y su división de costos;
• divergencias sobre documentación, plazos y encuadre;
• restricciones de generación determinadas por el sistema.

El análisis examina el procedimiento seguido, los documentos presentados, los plazos aplicables y las medidas posibles: solicitud de aclaración, reclamo ante la ANEEL, negociación o acción judicial, según el caso.

La ANEEL, el regulador nacional de electricidad, regula y fiscaliza la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía, y dicta resoluciones que afectan directamente el retorno y la seguridad jurídica de los proyectos. El Operador Nacional del Sistema Eléctrico (ONS), la Cámara de Comercialización de Energía Eléctrica (CCEE) y el Ministerio de Minas y Energía también tienen un papel relevante.

El análisis considera la norma vigente en cada decisión y el riesgo de cambio regulatorio durante el contrato, como:

• reglas de compensación y encuadre de plantas;
• tarifas y cargos;
• condiciones de acceso a la red y restricciones de generación.

El contrato PPA (power purchase agreement, contrato de compraventa de energía) es la base económica de muchos proyectos. Cláusulas que parecen equilibradas pueden concentrar riesgo después. En la revisión, miramos:

• precio y reglas de reajuste;
• plazo, volumen contratado y flexibilidad;
• garantías e incumplimiento;
• hipótesis de rescisión;
• riesgos regulatorios y de mercado;
• forma de solución de conflictos.

Otros contratos comunes son los de uso y conexión al sistema y los de arrendamiento o prestación de servicios asociados a la generación.

En el mercado libre de energía, el consumidor negocia la compra de energía directamente con generadores o comercializadoras, en lugar de contratar por el ambiente regulado de la distribuidora. El acceso viene siendo ampliado por normas del sector. La asesoría involucra:

• requisitos y costos de la migración;
• negociación y revisión de los contratos de compra;
• obligaciones ante la CCEE;
• riesgos de precio, de volumen y de la contraparte.

Migrar puede o no convenir: la conveniencia depende del perfil de consumo de cada empresa y de la reglamentación vigente.

Para la estructuración jurídica de plantas solares y otros proyectos, nos ocupamos de:

• sociedad de propósito específico y acuerdo entre socios;
• garantías para financiamiento;
• titularidad y regularidad de los terrenos;
• licencias y autorizaciones;
• análisis previo de los activos (due diligence) y de las contingencias;
• coherencia entre los contratos del proyecto.

El objetivo es que el inversionista conozca los riesgos regulatorios, ambientales, inmobiliarios, contractuales y tributarios antes de asumir compromisos.

Situaciones comunes:

• divergencia sobre precio y reajuste;
• incumplimiento de obligación de suministro;
• retraso de obra o de conexión a la red;
• cobro de tarifas y cargos;
• aplicación de norma regulatoria.

El camino puede ser la negociación, el proceso administrativo ante la agencia, el arbitraje o la acción judicial, según la cláusula de solución de conflictos y el impacto sobre la continuidad del proyecto.